Venezuela enfrenta una prueba este domingo

Caracas.

El 28 de julio el pueblo de Venezuela acudirá a las urnas para participar en las sextas elecciones presidenciales desde la Constitución Bolivariana de 1999. Las dos elecciones anteriores (2013 y 2018) fueron ganadas por Nicolás Maduro Moros, el presidente en funciones. Maduro aspira a un tercer mandato, que comenzará en 2025 y durará seis años. El actual presidente lidera una amplia alianza de partidos de izquierda y democráticos que se han unido para defender la revolución bolivariana, en marcha desde hace casi 25 años.

Maduro ha tenido que liderar tanto Venezuela como el proceso revolucionario bolivariano desde la muerte de Hugo Chávez, la legendaria figura que rompió el dominio de la oligarquía sobre la política venezolana. Lo ha hecho desde el colapso de los precios del petróleo en 2015, así como desde la creciente asfixia de los Estados Unidos para destruir la agenda bolivariana. Sin duda, Maduro tiene uno de los trabajos más difíciles del planeta, al tener que suceder al carismático Chávez y dirigir el barco en las turbulentas aguas creadas por los Estados Unidos. Según todos los indicios, Maduro prevalecerá el domingo, en gran parte debido al carácter abominable de la oposición.

El terrible candidato de la extrema derecha

Maduro se enfrenta a Edmundo González Urrutia, el candidato de la extrema derecha. González es retratado como una figura de abuelo, aunque sólo es 13 años mayor que Maduro (nació en 1962, mientras que González nació en 1949). Esta imagen de González como abuelo enmascara un proyecto político feroz y sus antecedentes. González lidera la Plataforma Unitaria, creada en 2021 por Juan Guaidó. Vale la pena recordar que Guaidó fue el político arrancado de la oscuridad por los Estados Unidos para convertirse en un pretendiente a presidente en 2019 (siguiendo un modelo que había tenido éxito para los Estados Unidos en Ucrania, cuando el Gobierno estadounidense colocó a Arseniy Petrovych Yatsenyuk en la oficina del primer ministro en Ucrania).

La Plataforma Unitaria, o PU por sus siglas en español, reúne a los políticos de extrema derecha que han sido financiados y entrenados por los Estados Unidos (como María Corina Machado y Leopoldo Eduardo López Mendoza). En privado, los miembros de la PU dicen que no pueden ganar unas elecciones en Venezuela; a pesar de las privaciones causadas por las sanciones impuestas por los Estados Unidos, el control del chavismo sobre las masas es indeleble. Por eso, personas como Corina Machado y López se apoyan en los Estados Unidos para hacer valer su arsenal contra Venezuela, una posición traicionera que les tiene vetados del proceso electoral.

Por eso la PU ha elegido a González como candidato, pero durante la campaña, ni González ni sus sustitutos han presentado un verdadero proyecto alternativo al chavismo. De hecho, su única pretensión es que ellos no son Maduro y que podrían mejorar la economía rindiéndose a las exigencias de los Estados Unidos. González ha ocultado en gran medida su propio pasado, que ha quedado enterrado tras las afirmaciones de que era simplemente un diplomático. Quienes recuerdan su mandato como funcionario de la embajada en El Salvador tienen cosas distintas que decir sobre esta figura de abuelo. En julio de 1981, González fue enviado a la embajada de Venezuela en El Salvador, donde trabajó directamente a las órdenes del embajador Leopoldo Castillo. Durante su estancia allí – informa la diplomática colombiana María Catalina Restrepo Pinzón de Londoño – trabajó con los escuadrones de la muerte contra las guerrillas de izquierda. Una de esas líderes guerrilleras, Nadia Díaz, recuerda en su autobiografía (Nunca estuve sola) que cuando estuvo en la cárcel había venezolanos entre sus torturadores. Díaz no dice que González la torturara directamente, pero ciertamente él estaba entre los que participaron en la campaña. Tal es el carácter de la figura del “abuelo” que es el candidato de la extrema derecha contra Maduro.

El peso de las sanciones

Un estudio del Washington Post revela que el Gobierno de los Estados Unidos aplica actualmente sanciones ilegales y unilaterales contra un tercio de los países del mundo, con el 60% de las naciones más pobres bajo sanción. Estas sanciones estadounidenses, aplicadas por primera vez en 2005 para derrocar al Gobierno de Hugo Chávez, definen la economía venezolana. En un tiempo, el Estado venezolano dependía de los ingresos del petróleo para el 90% de sus propias finanzas. A mediados de 2014, el auge petrolero terminó con el desplome de los precios del crudo, que se vio amplificado por el aumento de las sanciones estadounidenses y las amenazas de ataque armado contra Venezuela. El impacto de las sanciones secundarias contra las instituciones financieras y las compañías navieras secó los ingresos de Venezuela y empujó al Estado a medidas de emergencia para mantener las necesidades básicas del proyecto bolivariano.

Durante varias visitas entre 2014 y 2024, me ha impresionado tanto el impacto despiadado de las sanciones como la movilización política del Gobierno de Maduro para explicar la situación a la población. Las privaciones provocaron una enorme angustia, que se tradujo en una disminución de la alimentación y en migraciones masivas. Estuve en Caracas en febrero de 2021 cuando la Relatora Especial de la ONU, Alena Douhan, dio una rueda de prensa sobre el impacto de las sanciones. Sus conclusiones en la rueda de prensa fueron claras: “La falta de maquinaria necesaria, piezas de repuesto, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, la creciente insuficiencia de trabajadores cualificados, muchos de los cuales han abandonado el país en busca de mejores oportunidades económicas, en particular personal médico, ingenieros, maestros, profesores, jueces y policías, tiene un enorme impacto sobre todas las categorías de derechos humanos, incluidos el derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo”. La situación desde 2021 ha mejorado, en gran parte debido al Acuerdo de Barbados de octubre de 2023 firmado entre el Gobierno venezolano y la oposición, y por la entrada de otros países (como China, Irán, Rusia y Turquía) en el comercio con Venezuela. Pero el camino que queda por recorrer es difícil y largo.

Las sanciones definen estas elecciones. Si se consideran justas, entonces el Acuerdo de Barbados podría conducir a la relajación de las sanciones por parte de los Estados Unidos. A los Estados Unidos le gustaría que entrara más petróleo venezolano en el mercado, no para ayudar al pueblo venezolano, sino para suministrar energía a Europa, dadas las sanciones impuestas a Rusia. Pero aquí hay demasiadas contradicciones en juego. Los Estados Unidos negarán sin duda la legitimidad de las elecciones si gana Maduro y permitirá que las sanciones impidan que el petróleo venezolano proporcione alivio a los europeos. Durante las elecciones presidenciales de 2020, las sanciones fueron las protagonistas. Siguen siendo el tema principal de la papeleta electoral.

Los mítines de campaña de Maduro han sido efusivos. Los chavistas le aclaman, con sus camisas rojas brillantes de sudor bajo el cálido cielo venezolano. “Venceremos”, dice el antiguo conductor de autobús, cuyos discursos humorísticos son desafiantes. Aquí no hay evasivas. Maduro es claro: Venezuela está siendo puesta a prueba. ¿Continuará el pueblo venezolano el proceso bolivariano o volverá al terrible pasado de la oligarquía?

Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Las Naciones Oscuras y Las Naciones Pobres. Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense (con Noam Chomsky).

Este artículo fue producido para Globetrotter.